Actualmente se lleva a cabo un despliegue comunicacional importante sobre la solución de la crisis venezolana apoyada en una propuesta de negociación y diálogo orientado a la realización de un proceso electoral el cual conduce poco a poco a las obligantes elecciones parlamentarias dejando a un lado el tema de la usurpación, al gobierno de transición y a las elecciones presidenciales bajo condiciones honorables, pasando por alto, que el sistema electoral ha sido y es fraudulento, y sujeto a la falsa premisa que la mayoría de la población es opositora y votará en masa contra el régimen y como resultado se llevará por delante el poder del régimen actual.
Falsa ilusión, que deja de lado al Tribunal
Supremo de Justicia Legitimo (TSJL) cuyas decisiones constitucionales se olvidan
como consecuencia de nuestra corta memoria sin pensar en los efectos políticos
que tiene soslayando la conseja popular
de que está prohibido olvidar.
Recordemos varias cuestiones
fundamentales, el Tribunal Supremo de Justicia fue seleccionado siguiendo los procedimientos
constitucionales y la Asamblea Nacional (AN) nombró a los magistrados titulares y
suplentes. Ante tal decisión, el Régimen creo otro Tribunal Supremo de
Justicia, y una Asamblea Constituyente. Ambos organismos paralelos en franca oposición
a cualquier asunto resultante de las funciones constitucionales de la AN en
flagrante violación de la Constitución.
El régimen continúa actuando dentro
de su plan de apoderamiento y procede a
inhabilitar a diputados electos o incluso someterlos a juicio y encarcelarlos.
Estimuló a través de amenazas que los
magistrados designados se fueran al exilio. En honor a la verdad, estos últimos
asumieron sus cargos con rebeldía y honorabilidad y actúan de acuerdo a sus
funciones constitucionales en el exterior con muchas limitaciones muy a pesar
que quien los designó los abandonó a su suerte
En el ejercicio de su trabajo
judicial, los magistrados han actuado a derecho y asumieron la denuncia y petitorios de sometimiento a juicio de los
responsables de los fraudes electorales presentados
formalmente con soportes documentales ampliamente revisados y comprobados. El
reconocimiento de las pruebas derivadas de su examen condujo al TSJL a
descalificar al Sistema Electoral y por
tanto ordenó votaciones no Electrónicas y exigió la designación
bajo formulas claras de un nuevo equipo directivo del CNE.
También ordenó el procesamiento penal a los directivos del CNE,
Incluyendo a los funcionarios que colaboran
con el sistema a ejecutar elecciones fraudulentas. La decisión del TSJL
soportada según el expediente SE18-001 sobre la nulidad del sistema electoral dio dar lugar al recurso contencioso interpuesto
por miembros de la sociedad civil considerando razones de hecho y de derecho procedimentalmente
expuestas en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia el cual dictó sentencia el 13 de junio de 2018 declarando la
inconsistencia del Registro Electoral, nulo el uso del sistema automatizado de
votación y de escrutinio para la elección de cargos de representación de los
poderes públicos y ordena al CNE que con la participación
de las universidades, partidos políticos, grupos de electores y la academia de
Ciencias Políticas se inicie el proceso de depuración del RE
incluyendo las correcciones sobre la identidad de cada venezolano o extranjero
habilitado para votar verificando las actas de nacimiento, digitalizando
biométricamente se identidad, actualizando
direcciones domiciliarias, excluyendo a fallecidos e inhabilitados judiciales También
ordenó se diseñar un sistema de votación
fundamentalmente manual con preeminencia del voto físico
Para todos estos efectos, exhortó
a la Asamblea Nacional la selección y designación de nuevos rectores
electorales y a la Fiscalía Nacional dar inicio de acciones de responsabilidad
penal a los rectores electorales y a funcionarios regionales incluyendo el debido
procesamiento a las empresas informáticas SMARTMATIC y BITZA, de tal manera,
que con estas decisiones las elecciones del año 2018 no tienen validez y por
tanto es nula la reelección del
presidente y se declara que el mismo ejerce la usurpación del cargo a partir
del 10 de enero del año 2019.
Posteriormente el 25 de
octubre del 2018, en Sala Plena se acusa al presidente de la Republica de
corrupción propia y después de un largo proceso probatorio se le sentencia en
razón a la argumentación del juicio penal debidamente comprobada la comisión de
hechos punibles los cuales demostraron fehacientemente la culpabilidad y
responsabilidad en la perpetración de delitos de corrupción y legitimación de
capitales previstos en la Ley Anticorrupción, y la Ley contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al
Terrorismo, por tanto, se le sentenció, fue declarado culpable imponiéndosele dieciocho años tres mese de cárcel y a una
multa cuantiosa y se procedió a ordenar su captura participando debidamente a la Fiscalía, Interpol, y a la Asamblea
Nacional.
Tomando en cuenta los
antecedentes judiciales, denuncias públicas y la situación crítica inducida por
el régimen, la Asamblea Nacional aplicó las medidas constitucionales del caso y
el presidente de la AN asume de manera transitoria el cargo de Presidente Encargado
para poner cese a la usurpación, presidir un gobierno transitorio y hacer lo
necesario para celebrar ten rápido como sea posible elecciones libres, Para
esta decisión la AN norma dicho acto mediante el “Estatuto que rige la Transición
a la Democracia y el Restablecimiento de Vigencia de la Constitución”, y
declara que el gobierno de Maduro es de facto, usurpa el poder, y ordena crear
un Consejo Nacional para la Transición. Así mismo acuerda la realización de
elecciones libres y transparentes y hace una declaratoria de Estado fallido el cual está
afectado por organizaciones criminales, Por último, se arroga la función de designar
a representantes diplomáticos, asumir la defensa de los activos de la
Republica, contribuir a la investigación de la violación de los derechos
humanos y de las actividades ilícitas razón por la cual se comprometió a adoptar
todas las medidas necesarias para la integridad nacional, preparación de las
elecciones y modificaciones legales pertinentes.
Independientemente que la
figura adoptada en ese Estatuto transforma la actividad legislativa en
ejecutiva limita las funciones del presidente encargado y determina que sus
decisiones estén condicionadas a la AN. De tal manera que sus iniciativas se
diluyen en el tiempo y lamentablemente no se han aplicado y esta es la razón
fundamental para que la credibilidad pública se venga deteriorando
sistemáticamente muy a pesar que los gobiernos democráticos de muchos países
hayan reconocido al gobierno de transición y lo apoyan abiertamente en los
organismos internacionales.
La incapacidad de ejecutar las decisiones
derivadas de estos planteamientos han conducido a ceder ante la presión
internacional de resolver la crisis humanitaria no por la vía de fuerza
humanitaria obligante, sino a través de la tesis de dialogar e ir a negociaciones las
cuales han tomado mucho tiempo y han permitido que la crisis socio económica
venezolana no se resuelva, se profundice
cada vez mas y provoque la espantosa migración de parte significativa de su
población,
De nuevo
la Asamblea Nacional volvió a caer en el mismo error del 5 de enero fecha de la designación de la Directiva del
cuerpo al decir que sacaría al régimen en seis meses dándole chance al régimen
para que los haya declarado en desacato, perdiendo la oportunidad inmejorable
de tomar las decisiones inmediatas que necesitaban los venezolanos para un
cambio importante del modelo de gobierno. En lugar de asumir como les correspondía
el mismo día 8 de enero, las riendas de la transición, designando y
juramentando a un Presidente Encargado tal y como les ordenaba taxativamente el
Artículo 233 constitucional y designando un Consejo para la Transición se usó
un procedimiento cuestionado condicionando las funciones de Presidente de la Transición.
El régimen
nunca accederá a elecciones presidenciales; negocia las elecciones parlamentarias
y gana el tiempo conveniente a sus
intereses lo cual facilita el agravamiento de la situación país hasta que
caigamos en la desesperanza y el fracaso y nos destroce la tiranía. El
régimen dictatorial pretende legitimar
sus actuaciones a través de una nueva elección fraudulenta a ser ejecutada
mediante un sistema electoral sobre
el cual ejerce el control total que le permitiría la supervivencia de su nefasto
gobierno, y dar apariencia democrática a su régimen. Difícilmente esa elección
parlamentaria amañada podrá convencer a
la comunidad venezolana, y mucho menos, a las organizaciones y gobiernos
democráticos foráneos que las ha rechazado de manera absoluta y han
manifestado por todos los medios oficiales y públicos que no reconocerán dicha simulación electoral y al propio gobierno por antidemocrático.
Por
todas las razones esgrimidas, ante el cambio de dirección de la mayoría de los
miembros de la AN ahora infiltrada por diputados del PSUV que habían abandonado
sus cargos, forman parte de la ANC y han construido un puente de plata entre
ellos, El régimen pide dialogar y presupone su propia y cínica solución a una crisis reconocida. Con esta
decisión, abusando de la corta memoria
del venezolano estimulada por la cohabitación pretende ir a unas elecciones parlamentarias, olvidarse
de las presidenciables propugnando un acuerdo de ir a un proceso electoral empezando por nombrar a
los rectores electorales sin mencionar a
los directivos regionales tan culpables como los nacionales de fraude, e
incluso proponer candidatos a la directiva del CNE de dudosa competencia en la
materia.
No se puede caer en ese
juego perverso sin disponer de los elementos fundamentales democráticos que condicionan cualquier movimiento en
esa direccion sin resolver el asunto del Registro Electoral que deja afuera a
los electores que han emigrado a quienes
se les pondrá difícil actualizar el registro y el régimen pondrá todos los
obstáculos espaciales y estratégicos para no dejarlos votar en una eventual
elección, Así mismo, resolver el tema relativo a los nuevos votantes sin
inscripción, a dos millones y medio de cédulas falsas y el imprescindible
ajuste de los circuitos electorales que han sido manipulados igual que el
sistema informático que obliga a elecciones manuales.
En resumen, sin la solución
a los problemas señalados, fuente de elecciones fraudulentas y a pesar de lo
acordado, no habrá elecciones creíbles si no cesa la usurpación, se nombre un
Consejo para la Transición y se diseñe un aparato electoral que ponga remedio a
tanto desbarajuste procedimental, interesado y fraudulento, No podemos
alimentar la esperanza de ganar unas elecciones que se fundamentan en una
mayoría opositora, cuyos partidos políticos han perdido el respaldo de la sociedad, y que es una falacia cuando el régimen ha
fragmentado e intervenido los circuitos electorales y ha sacado en la práctica
a millones de electores que se han ido. Elecciones con ese perfil tendrá
consecuencias políticas nacionales e internacionales muy graves.
No perdamos el camino, hay
que instrumentar acuerdos, sugerencias y estrategias ampliamente debatidas y
realistas, no consideremos a que los que se apartaron por razones de
conveniencia, colaboración o intereses de aplicar decisiones correctas y como
ellos no cumplieron con las acciones adecuadas a las circunstancias verbigracia,
las decisiones del TSJL apartemos a esa falsa dirigencia cuya credibilidad los
alejo no solo de su militancia, sino del pueblo en general, por tanto, pongamos en manos de un nuevo Movimiento Cívico
la tarea de organizarnos enfrentar al régimen para su inevitable desplazamiento
y eliminar sus intenciones de dominación en complicidad asociada a otros países
antidemocráticos, al narco terrorismo y
a los esquemas de la izquierda radical latinoamericana dirigida y financiada
por Rusia, China, los oportunistas y aprovechadores cubanos y los países islámicos donde todos desean a como
de lugar expandir sus políticas socialistas, de beneficios económicos y poner
su planta insolente como cabeceras de playa en los países democráticos del Continente
desestabilizando intencionalmente a sus gobiernos para desplazarlos en función
de sus intereses .