VERGÜENZA AJENA
Da vergüenza ajena que personas que se presume poseen
formación integral, que han detentado o tienen cargos importantes e
inteligencia profesional antepongan intereses solicitando la suspensión de las medidas
internacionales impuestas a funcionarios del régimen con argumentaciones fuera
de contexto. Los firmantes de la petición ampliamente difundida está dirigida al
gobierno norteamericano solicitando la suspensión de las sanciones que
ingenuamente o no se aplican a los dirigentes del régimen venezolano. Usan
argumentos sustentados falsamente en la búsqueda de la solución de la crisis secular
económica y social del venezolano común afirmando sin rubor que todo se debe a
las consecuencias de la política de “Sanciones y al Embargo Económico” por
parte de los Estados Unidos.
Es conveniente precisar que las citadas sanciones han
sido aplicadas a individuos en particular como respuesta a sus desmanes y a las
acciones de represión exacerbada usadas contra los manifestantes que
participaron en las protestas ocurridas desde el año 2014. La represión provocó
cientos de muertes, heridos y presos políticos., fundamentalmente por esa razón
las sanciones internacionales fueron aplicadas a individuos responsables de
dichas acciones, a integrantes de la Asamblea Constituyente, a directivos del Partido
Socialista por usurpar funciones y competencias de la Asamblea Nacional.
También a los directivos del Consejo Nacional Electoral como producto de sus
actuaciones en la elección fraudulenta presidencial del año 2018 la cual fue calificada
de ilegitima.
Estas sanciones aplicadas contra funcionarios
gubernamentales activos o retirados incluyen también a los miembros del Tribunal
Supremo de Justicia ilegalmente electos, a los miembros del Consejo Moral, a miembros
relevantes de las fuerzas armadas, a integrantes de los cuerpos de seguridad del
Estado, y a directivos de muchas empresas privadas acusados de estar
involucrados en hechos irregulares y lavado de dinero. Todas estas personas fueron
sancionadas en más de cuarenta países y materializadas en acciones restrictivas
en su derecho de tránsito, y suspensión de visas. Estas sanciones incluyeron a
familiares asociados con la cúpula gobernarte; congelación de sus cuentas y
activos y, han engrosado sus expedientes por demostradas violaciones de los
derechos humanos, participación directa en el narco tráfico y lavado de dinero.
Se han levantado cargos internacionales, se han reseñado, incluyendo cárteles
de búsqueda y ofrecido recompensas por proporcionar información para su
captura. Se han intervenido las operaciones de más de ciento cincuenta grandes empresas
e incoado acusaciones formales en los tribunales internacionales de los países
afectados.
Es definitivamente comprobable que, toda la acción
gubernamental aplicada ha perjudicado directamente la calidad de vida del
venezolano común, han inducido la mayor crisis que ha padecido el país,
arruinado toda la estructura económica nacional y destruido la capacidad
productiva, incluyendo a la principal industria nacional como fue la petrolera.
Sus terribles efectos han reducido a la pobreza a la mayor parte de la
población y provocado el éxodo más increíble que literalmente huyeron de la
miseria, y de la crisis en búsqueda de oportunidades en el exterior.
Es curioso que los autores de la petición mencionada la
dirigen a un solo gobierno solicitando nada más ni nada menos que la suspensión
de las medidas de restricción a delincuentes declarados, a personas incursas en
delitos, a funcionarios que han quebrado al país, y a socios de empresas que
han atracado, desfalcado y protegido el lavado de dinero, que incluso montaron una
estructura empresarial destinada al tráfico ilegal de petróleo, armas, drogas,
personas, y otras menudencias. Obviamente, esa intensión los deja al
descubierto al intentar escudarse en planteamientos de carácter económico para tratar
de explicar que la crisis es producto de las medidas de la citada suspensión y
del embargo económico. En realidad, toda esa crisis es producto del modelo
socialista aplicado, pero fundamentalmente producto de la incompetencia de sus
dirigentes y de los colaboracionistas encubiertos con el manto de aparente oposición.
Sin mayores consideraciones históricas sobre el origen
y desarrollo de las sanciones internacionales, es necesario recordar que en
2018 fecha en la cual se llevó a cabo la elección presidencial la misma fue
oficialmente declarada fraudulenta, a tales efectos y entre otras medidas, el gobierno
norteamericano firmó ordenes de prevención a ciudadanos y a empresas dentro de
su territorio impidiendo que se realizaran transacciones monetarias para o en
nombre del gobierno de Venezuela. La lista de funcionarios involucraos ha sido
reseñada en declaraciones oficiales .(Sociality Designated National and Bloqued
Person List) señalando con nombre y apellidos a los más altos dirigentes políticos,
y funcionarios del régimen, ratificando y ampliando las sanciones personales.
Se incluyó igualmente a empresarios con activos venezolanos asociados al
régimen, como por ejemplo embarcaciones de transporte de petróleo. Tambien se amplían
las intervenciones al Banco Central y a sus directivos señalado como instrumento
responsable de las actividades que favorecieron actividades monetarias poco
claras del Estado venezolano.
Casi inmediatamente se hizo el anuncio de cargos por lavado
de dinero, narcoterrorismo y corrupción a los más altos dirigentes venezolanos ofreciendo
recompensa monetaria para facilitar su captura internacional. Igualmente, sancionó
las redes empresariales dirigidas por personas asociadas al crimen organizado,
y a las empresas e instituciones involucradas.
Estas medidas tuvieron repercusión y se impusieron
iguales procedimientos en otros países. En la comunidad europea se aprobó el
embargo de armas y de material susceptible de su uso para la represión pública.
Tales actuaciones continúan en acciones legales y están culminado en las acusaciones
y elaboración de expedientes presentados ante la Corte Internacional de
Justicia la cual está destinada a procesar a los funcionarios de los delitos
cometidos.
Es público y notorio que previo a las medidas de
imposición de sanciones se ha reconocido a través de organizaciones calificadas
el dramático deterioro de las condiciones
de vida del pueblo y que la crisis social derivada son consecuencia de la política
económica discriminadora y expropiadora de bienes y activos, de la imposición
de medidas planeadas de antemano mediante una política salarial de carácter
marginal para aplicar salarios mínimos acompañada de mecanismos de discriminación
social, e impedimento planeado a la
ayuda humanitaria, hechos evidentes y francamente criminales.
Nada se dice de las facilidades que existen para la
importación libre de bienes de todo orden que han inundado al país procedente
de todos los países del mundo incluso de Estados Unidos, todo se puede importar
y comprar si se tienen dólares. No es despreciable la importación de medicinas,
alimentos, bebidas y productos farmacéuticos los cuales se consiguen en altos volúmenes
en el mercado El tema reside en la disponibilidad monetaria que no aparece
puesto que la mayoría de la población tiene ingresos mínimos marginales y no es
consecuencia del presunto embargo que aparte de la direccionalidad estratégica
petrolera va dirigida al hamponato común individualizado o agrupado en empresas
del crimen organizado.
Tremendo estribillo socialista para justificar la incompetencia
de fanáticos en el poder que lo que han hecho es enriquecer a su dirigencia y
asociados los cuales han redirigido sus recursos mal habidos a Rusia, China y Turquía,
solo por citar los principales receptores de recursos. Los menos afortunados
que necesitan quedarse en el país producto de las restricciones o medidas
internacionales invierten en bodegones, edificios nuevos, construcciones
suntuosas, adornos urbanos, viviendas y bienes para gastar sus tesoros mal
habidos en manos de un grupete que no representa ni el tres por ciento de la
población venezolana mayoritariamente muerta de hambre.
El régimen y cohabitantes continúan cultivando la
intención de dialogo no solo entre ellos sino con los EEUU tratando de
restablecer el quiebre entre ambos e intentan por todos los medios la
eliminación de las sanciones a pesar de la ratificación de ellas por la nueva
administración norteamericana quien no reconoce la reelección presidencial de
2018 y ha ratificado la permanencia de las medidas y restricciones dictadas a
los personeros y cómplices del régimen. Se estimula a empresarios y
organizaciones petroleras norteamericanos a sondear la apertura y
reconstrucción de campos petrolíferos, especialmente de una de ellas que nunca
salió del país los cuales desean disponer de garantías económicas y jurídicas.
Como argumento político plantean la celebración de elecciones libres y
transparentes acompañando la narrativa del interinato que hace propio el
discurso, quien, por cierto, no toma la iniciativa de pedir la revisión de los
sistemas electorales. Permea la sensación que hay una total intensión de
preservar el poder del régimen, cohabitando con intereses particulares de la clase
política chavista y colaboracionista.
Las naciones occidentales, independientemente de la
guerra en Urania desean preservar el comercio internacional de China, y ahora en
menos medida con Rusia donde Venezuela es incondicional y recibe recursos, y
armas cediendo como contraparte el diferimiento de una inmensa deuda, permite
la localización de bases satelitales y el despliegue de armamento sofisticado facilitando
mantener estratégicamente en América una cabeza de playa. Un panorama geo político
donde Estado Unidos juega duro para la preservación de sus propios intereses globales
y usa el discurso estimulador del dialogo y la negociación. Argumento básico es
la elección presidencial en Venezuela lo cual permite el juego de liberar
ciertas acciones de carácter estratégico en suspensiones parciales si les
conviene, pero es poco probable que ceda en la liberación de cargos personales
a los funcionarios e individuos por corrupción tal y como lo desea el grupo que
firman el inaceptable petitorio.
Se ha tratado de vender la idea que todo lo que pasa
en Venezuela es culpa de las sanciones, en realidad lo que existe es un
impedimento financiero que afecta al modelo político del régimen, por lo que al
régimen solo le interesan las opiniones bellamente decoradas de supuestos
encuestadores profesionales para que fortalezcan la culpa del imperio por la
debacle venezolana. Lo que sí está claro, es que esa oposición colaboracionista
trabaja a favor de la delincuencia cuando desea pedir liberar sanciones a corruptos
señalados abiertamente como delincuentes lo cual les convierte a su vez en individuos de un mismo tenor.
